El 21 de febrero los ecologistas han presentado sus alegaciones ante la Generalitat Valenciana al averiguar que el proyecto pretende urbanizar 85.000 m2 dentro de la zona d’Especial Protección para las Aves; montañas de la Marina y en los alrededores del Paisaje Protegido del Puig Campana y el Ponotx.

La organización ecologista advierte que este complejo supondría un grave impacto ambiental y vulnera la legislación europea, estatal y autonómica en materia de conservación de la biodiversidad.

Según las alegaciones presentadas, el proyecto afectaría directamente espacios de la Red Natura 2000, alterando hábitats clave para especies protegidas como l’águila perdicera (Aquila fasciata), l’águila real (Aquila chrysaetos) y el duque (Bubo). La implantación del
macroglàmping generaría una pérdida efectiva del hábitat por incremento de la actividad humana, la fragmentación del territorio y la contaminación lumínica y sonora, poniendo en peligro la supervivencia de estas especies.
Además del impacto sobre la fauna y la vegetación, Acción Ecologista denuncia la carencia de una evaluación de impacto ambiental, un requisito obligatorio por ley en proyectos de la Red Natura 2000. Entidad que también señala que la urbanización prevista
contradice la normativa de ordenación del territorio, puesto que rompe con el principio de edificación aislada y fomenta un modelo de ocupación masiva incompatible con el suelo no urbanizable.
Otro punto destacado en las alegaciones es la elevada demanda de agua del proyecto en una comarca que ya sufre una grave crisis hídrica. La Marina Baixa se encuentra en una situación de estrés hídrico permanente, y la construcción de un complejo turístico con capacidad para 900 personas supondría un consumo insostenible de recursos hídricos, agraviando la problemática existente y poniendo en riesgo el suministro para la población local.

Por todo esto, ​en su escrito ​Acción Ecologista-Agro reclama en la Generalitat Valenciana que
deniegue la Declaración de Interés Comunitario (DIQUE) de este proyecto y que aplique el principio de precaución para garantizar la conservación de los espacios naturales protegidos. la entidad recuerda que este modelo de urbanización encubierta en espacios de gran valor ambiental solo responde a intereses especulativos y pose en peligro la biodiversidad y los recursos naturales de nuestras comarcas.